El acceso a la información y su divulgación es fundamental para ser un país democrático, por lo mismo la propuesta de la Ley “Antifiltraciones” o Ley “Mordaza 2.0”, atenta directamente contra el derecho fundamental de libertad, tanto de prensa como personal ya que, no se tipifica de forma explicita quienes serían las personas sancionadas y además, entorpecería la labor periodística de informar sobre sucesos de contingencia nacional que deben ser publicados.
El medio uruguayo MercoPress publicó una noticia el 23 de octubre del 2025, mencionando su preocupación por la libertad de prensa en Chile, en donde hace referencia a un documento publicado por La Relatoría Especial para la libertad de Expresión (RELE) que dice identificar “patrones recurrentes de violencia y acoso judicial”. La preocupación por la persecución a periodistas en el país sudamericano que cubren investigaciones en contra del crimen organizado, corrupción y autoridades, genera “zonas de silencio informativo”.
Los senadores Pedro Araya (indp/PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), son los actores detrás del texto que se busca discutir y promulgar en caso de que sea aprobado. El incentivo de esta ley es por las filtraciones ocurridas en los escandalosos casos relacionados con la política: Monsalve, Audios y Sierra Bella los más destacados como polémicos del último tiempo.
Realmente es preocupante la creación de una ley que busque sancionar a quienes hacen la labor de informar a la sociedad, el Periodismo es considerado el cuarto poder y un texto que busque sancionar a “El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo”, referencia sacada directamente del texto, página 5 como sustituyente del inciso final del artículo 226 J. Para el Colegio de Periodistas es una amenaza creciente y preocupante además que, el acceso a la información de interés público es un derecho garantizado por la Constitución y la Ley de Prensa.
OK, todo bien.