En medio de un incremento alarmante en la violencia delictiva, Chile se encuentra en una encrucijada crítica en términos de seguridad. A pesar de los esfuerzos e inversiones del Gobierno, los índices de criminalidad persisten y se agravan. ¿Está sumido Chile en una crisis de seguridad o es esta percepción alimentada por una variedad de factores? ¿Qué está ocurriendo en este país suramericano que antes era considerado tranquilo?
En los últimos meses, se han reportado una serie de delitos extremadamente violentos, desde homicidios y secuestros en diversas regiones del país.
El presidente Gabriel Boric, en una declaración el pasado 30 de enero, reconoció abiertamente el aumento en los índices de delincuencia, un fenómeno que se agrava y ha sumido al país en una profunda preocupación por su seguridad ciudadana.
Sin embargo, los resultados de la más reciente Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) en Chile revelan que el 90,6% de la población percibe un aumento en la delincuencia, alcanzando un máximo histórico y experimentando un incremento de casi cuatro puntos porcentuales en comparación con el año anterior.
Al mismo tiempo, la encuesta muestra que solo el 21,8% de los hogares afirma haber sido víctima de algún delito.
Tasa de homicidios: inédita y en aumento
El Ministerio Público de Chile es el ente encargado de centralizar las denuncias por hechos constitutivos de delito en el país. Las cifras oficiales de la institución muestran un aumento de alrededor del 11% en las denuncias por delitos desde 2018 a 2023, dejando en el último año un número superior al millón y medio de denuncias.
Los delitos predominantes son los robos no violentos, hurtos y lesiones. Sin embargo, lo que experimentó un cambio significativo fue la incidencia de delitos de mayor gravedad, entre los que se encuentran los homicidios y secuestros.
Según datos del Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados, entre 2018 y 2022, el país experimentó un significativo aumento en su tasa de homicidios, elevándose de 4,5 a 6,7 por cada 100.000 habitantes.
Este incremento se observa al comparar los 845 asesinatos registrados en 2018 con los 1.322 contabilizados en 2022. Estas cifras marcan uno de los niveles más altos de homicidios en la historia del país sudamericano.
¿Cómo responde el Gobierno de Gabriel Boric?
En el Presupuesto 2024 de Chile, el Gobierno de Boric destinó un aumento del 5,7% para la seguridad pública. Además, el presupuesto de Carabineros fue ampliado en más de 1.000 millones de pesos chilenos, equivalente a aproximadamente un millón de dólares estadounidenses. Este aumento de recursos fue complementado con la aprobación de 38 leyes en materia de seguridad, un logro que supera a cualquier otra Administración desde 1990.
Entre los proyectos aprobados se encuentran aquellos que incrementan las penas para diversos delitos. Además, se otorgaron más facultades a los cuerpos policiales para fortalecer su capacidad de acción y respuesta frente a la delincuencia. Otras medidas incluyen la limitación de los llamados ‘narcofunerales’, eventos relacionados con el crimen organizado, así como la tipificación de nuevos ilícitos, como el delito de extorsión.
Chile, ¿tras los pasos de Ecuador?
La escalada de tensiones en Ecuador ofrece un paralelo preocupante. En este contexto, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, declaró que “la realidad de Chile no es la realidad de Ecuador. No estamos en la misma situación. El crimen organizado y el narcotráfico lo estamos enfrentando con legislación, institucionalidad y presupuestos excepcionales”.
Ante este panorama, Chile enfrenta una situación crítica en materia de seguridad, marcada por un preocupante aumento en los índices de delincuencia, crimen organizado y violencia. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la percepción de inseguridad persiste y se intensifica, como reflejan los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.
El presidente Gabriel Boric reconoció abiertamente éste desafío y ha implementado medidas, tanto presupuestarias como legislativas, para hacer frente a la crisis. Sin embargo, la magnitud y persistencia de la problemática plantean interrogantes sobre la efectividad de las acciones emprendidas hasta el momento.
El fenómeno del crimen organizado, identificado por los expertos como una transformación significativa en la dinámica criminal del país, agrega una capa de complejidad a la situación. La presencia de bandas criminales extranjeras y la transnacionalidad de estas organizaciones subrayan la necesidad de una estrategia integral que trascienda las fronteras. ¿Están preparados el país y la región para enfrentar de raíz estos problemas?
