En Chile, lamentablemente, la delincuencia común se ha transformado en crimen organizado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes. Ya no se trata solo de asaltos y robos de vehículos, sino también de enfrentamientos armados entre bandas rivales que causan muertes y heridas a personas inocentes. Esta espiral de violencia se ha vuelto alarmante.
Además, se observa un aumento de los delitos de corrupción, que van desde la evasión de impuestos hasta las estafas, sobornos y malversaciones de fondos en organismos públicos. El Ministerio Público está imputando delitos no solo a delincuentes comunes del crimen organizado, sino también a ejecutivos millonarios y reconocidos abogados que buscan enriquecerse ilícitamente.
Desafortunadamente, los intereses corporativos se están entrometiendo en decisiones cruciales de las instituciones democráticas, como ocurrió en el caso de la “mutualización” de la deuda de las isapres. Legisladores de derecha y ultraderecha, a través de una indicación en un proyecto de ley, introdujeron disposiciones que beneficiaron directamente a estas entidades, reduciendo considerablemente las sumas que debían devolver a los usuarios.
Esta acción carece de legitimidad y mina los principios fundamentales del régimen democrático al priorizar intereses corporativos sobre el bien común y los derechos de los ciudadanos. La clase media se ve afectada por este tipo de delitos de corbata, similar al “perdonazo” de los años 80 otorgado por la dictadura a los bancos.
Es responsabilidad de las instituciones democráticas proteger los intereses nacionales en su totalidad, sin ceder a presiones de grupos minoritarios. Al permitir que los intereses corporativos prevalezcan, se socava la confianza en el sistema político y se alimenta la apatía y el desencanto ciudadano. Es hora de corregir el rumbo y priorizar el bienestar de Chile sobre intereses particulares.
